29 de septiembre de 2015
Buenos Días, Mi nombre es Jorge Luis Soto Díaz, Presidente de la Organización Nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico. Agradecemos a la Comisión Especial para la Transformación Administrativa y Operacional del Sistema de Educación de Puerto Rico por su invitación y brindarnos la oportunidad de expresar nuestra opinión sobre éste.
La Organización Nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico Inc. desde su creación en el año 2000, tiene como propósito primordial la defensa de la escuela pública y la lucha por los derechos y el bienestar de sus directores y directoras. Comparecemos hoy ante esta Comisión con la encomienda de reafirmar ese convenio con la escuela pública y de los que a pesar de todos los contratiempos y atropellos que enfrentan mantienen su voluntad y compromiso de trabajar por una educación pública de excelencia, los directores y directoras escolares.
Podemos validar esta lucha que el próximo 12 de octubre cumple 15 años, mediante las acciones realizadas por esta Organización en el ámbito legal, administrativo y legislativo. En el ámbito legal nuestra organización en el 2007, presentó un recurso con el propósito de detener la práctica del Departamento de Educación de enmendar por decreto y no por legislación su Ley Orgánica con la intención de debilitar la autonomía escolar. En el administrativo fueron muchas las instancias donde realizamos piquetes y un cabildeo intenso para lograr un poco de justicia en términos de salario y condiciones de trabajo. Desde el año 2005, enfrentamos férreamente en el legislativo los intentos de enmendar la Ley 149 del 30 de junio de 1999 mejor conocida como Ley Orgánica del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico, con el propósito de dar validez a los procesos y estructuras administrativas que aún persisten y que eran y son incompatibles con dicha ley.
Estipulado esto, comparecemos nuevamente ante la Rama Legislativa con el propósito de presentar nuestra oposición ante el Proyecto del Senado 1456 que propone enmendar varias leyes especialmente la Ley 149 del 30 de junio de 1999 (Ley Orgánica para el Departamento de Educación), con el alegado propósito de mejorar la educación pública mediante la creación de las “Escuelas Públicas Líder” y la Junta de Alianzas e Innovación Educativa.
Para fundamentar la posición de la Organización Nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico partiremos del análisis de un párrafo de la exposición de motivos del P. del S. 1456.
En la página 4 de su exposición de motivos el P. del S. 1456 expresa lo siguiente:
“La actual condición de nuestro sistema de educación pública ha sido el producto de múltiples administraciones gubernamentalescuyas determinaciones desacertadas, políticas públicas desenfocadas y mala utilización de los recursos disponibles ha desembocado en la crisis que hoy enfrentamos. La administración defectuosa, la carencia de parámetros de eficiencia la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas han sido parte de los serios problemas que enfrenta nuestro sistema de instrucción pública. Nadie se hace responsable por el resultado.
Esta premisa que es parte del fundamento en este proyecto señalan con precisión los aspectos que han sido el génesis de la crisis de nuestro Sistema Educativo. La toma de decisiones arbitrarias, inoportunas y contrarias a la Ley han sido una constante en la política pública educativa aplicada mediante memorandos y cartas circulares. El establecimiento por decreto de un sistema jerárquico y burocrático prácticamente cerró las vías de comunicación bilateral, estipuladas en la ley, entre el Departamento de Educación y las Escuelas de la Comunidad. Podemos deducir que la política pública educativa establecida en la Ley 149 no se respetó. Podemos concluir además quienes fueron y en el nivel que se encuentran los responsables. Podemos preguntarnos, ¿Por qué durante todos estos años, alguien con autoridad no le ha pedido cuentas a los presuntos implicados? Parece no cumplirse la máxima que establece que nadie está por encima de la ley.
Este también hace alusión a la rendición de cuentas:
“…la carencia de parámetros de eficiencia la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas han sido parte de los serios problemas que enfrenta nuestro sistema de instrucción pública. Nadie se hace responsable por el resultado”.
Nadie voluntariamente se declara culpable de un delito, hay que probárselo. Pero que sucede si los mecanismos existen pero se utilizan de forma arbitraria e injusta. Veamos.
La Carta Circular Núm. 16-2006-2007-POLĺTICA PÚBLICA SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, estableció lo siguiente:
El Departamento de Educación tiene como prioridad proveer los recursos, procesos y servicios, que son necesarios para promover un alto rendimiento en el aprovechamiento académico de sus estudiantes. Mientras atendemos esta meta para todas las escuelas de nuestro sistema, se hace necesario prestar atención a aquellas en las que se registran actualmente bajos indicadores de aprovechamiento académico y retención escolar. Estas escuelas son conocidas en nuestro sistema como “escuelas en mejoramiento escolar”. La ley federal “No Child Left Behind” requiere que el Departamento tome acciones concretas para mejorar el rendimiento académico en estas escuelas”.
Estas expresiones contradictorias, las cuales curiosamente están incluidas en todas y cada una de las cartas circulares sobre organización escolar desde el año 2006 hasta el 2013, ponen de manifiesto la intensión del Nivel Central de excluirse como una de las variables necesarias en la fórmula que se estableció con la firma de la Ley 149 de 30 de junio de 1999, (Ley Orgánica para el Departamento de Educación Pública de Puerto Ric, cuyo propósito esencial era lograr la excelencia educativa mediante la creación de un Nuevo Sistema de Educación basado en Escuelas de la Comunidad.
Con este acto pretendieron obviar ya fuera por desconocimiento, ineptitud, incapacidad o negligencia la responsabilidad de proveer el apoyo y los recursos fiscales, administrativos y humanos necesarios a la escuela. Procuraron eludir la realidad en función de esto y la autonomía conferida para entonces moralmente poder exigirle cuentas a la Escuela de la Comunidad por sus ejecutorias y resultados académicos. Decidieron de forma acomodaticia plantear el mejoramiento escolar como un proceso requerido por el Gobierno Federal para posponer y relegar la responsabilidad del estado con su Sistema Educativo, incumpliendo con lo estipulado en la Sección 1116(7) (A), que establece que toda acción correctiva tiene que ser consistente con las leyes estatales.
En los últimos cinco años el Departamento de Educación amparado en la Ley Federal ha penalizado a los directores escolares, aplicando acciones correctivas, limitándoles sus funciones y removiéndolos de sus escuelas adjudicándoles responsabilidad única por los pobres resultados académicos obtenidos. El párrafo que citamos del P. del S. 1456 pone de manifiesto la injusticia cometida con los directores escolares.
Por otro lado la Ley 149 en su capítulo dos establece que la Carta Constitutiva, es el acuerdo que confiere el estatus a la escuela como Escuela de la Comunidad y le reconoce la autonomía en las áreas académicas, fiscales y administrativas. Además estipula las acciones correctivas que el Departamento de Educación puede aplicar en caso de que se constate una gestión educativa inefectiva por parte de la escuela.
En su sección 2.12 Pérdida del reconocimiento como escuela de la Comunidad, establece lo siguiente:
“El Secretario dispondrá por reglamento, lo concerniente a la operación provisional de las escuelas que pierdan su reconocimiento, condición en la que no podrán permanecer por más de un (1) año. Si al concluir dicho término, la escuela no hubiese recuperado su reconocimiento, el secretario concederá un plazo adicional de (90) días laborables. Si dentro de ese plazo no se resolviesen las dificultades que impiden la renovación de la Carta Constitutiva, el Secretario podrá remover de sus funciones al personal de la escuela responsable de esa situación. Los estudiantes de las escuelas a las que les hubiese revocado su reconocimiento como Escuela de la Comunidad, disfrutarán de los servicios que se ofrecen a los demás estudiantes del Sistema”. Como pueden ver tomar acciones correctivas para el mejoramiento del Sistema Educativo no dependían de la Ley Federal. Cabe preguntarse ¿A cuántas escuelas se le retiró el reconocimiento como Escuela de la Comunidad? A ninguna. ¿Por qué no aplicaron el remedio estatal? La respuesta es obvia, no les interesaba, pues las acciones correctivas tenían que ser dirigidas a fortalecer el concepto de Escuelas de la Comunidad autónomas. La excelencia educativa es tóxica para el flujo de fondos federales.
Podemos señalar que prácticamente desde el año 2000 las acciones de los secretarios y sus directrices fueron socavando la autonomía de las escuelas, eludiendo su deber ministerial de cumplir con su función esencial, viabilizar el desarrollo del nuevo sistema de educación. Ante una autonomía que solo existe en el papel y no en ejecución, ¿Por qué el Departamento de Educación exige que las escuelas tengan su Carta Constitutiva si no le reconocen la autonomía que conlleva?, ¿Tiene fuerza moral el Departamento de Educación para exigir responsabilidad a las Escuelas de la Comunidad y sancionarlas por un supuesto requerimiento federal sin haber cumplido con su responsabilidad estatal?
Quiero dejar claro que nuestro Sistema Educativo al igual que en muchos estados dependen de esa inyección de fondos federales suplementarios para mejorar su calidad de la educación. Desde la década del 60 hasta el presente, el Departamento de Educación ha presentado propuestas al Gobierno Federal para conseguir fondos para suplementar no para sustituir los del estado. Esto podría ser la explicación del por qué el dinero no llega a la escuela. Es el Secretario de Educación el que posee la facultad para establecer estos acuerdos. Debo resaltar que como parte del acuerdo el Gobierno Federal impone unos requisitos de cumplimiento para su utilización y dejan claro que estas acciones tienen que ser consistentes con las leyes estatales.
Si es harto conocido que el Nuevo Sistema de Educación basado en Escuelas de La Comunidad con autonomía docente, fiscal y administrativa no existe en la práctica ¿Qué se pretende? La intención es obvia, cumplir con las exigencias federales por el dinero aportado, exponiendo a la escuela como únicos responsables y por lo tanto ser recipientes de las acciones correctivas exigidas en la Ley Federal, fundamentadas en los pobres resultados académicos y reclamadas a la escuela por el Departamento de Educación en función de una autonomía inexistente. Su único fin es presentar al Gobierno Federal un culpable por los pésimos resultados del sistema. Estos pobres resultados académicos son la justificación del Nivel Central para obtener fondos para un supuesto mejoramiento escolar.
Ante este escenario de un fracaso escolar auto infligido, llegamos al 2014, con la posibilidad real de perder los fondos federales y llega el salvavidas de un alegado Plan de Flexibilidad. La Carta Circular 05-2014-2015 POLĺTICA PÚBLICA SOBRE LA CLASIFICACIȮN DE LAS ESCUELAS E IMPLEMENTACIȮN DE ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIȮN PARA MEJORAR EL APROVECHAMIENTO ACADЀMICO DE LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO CON EL PLAN DE FLEXIBILIDAD, establece los parámetros en que se basa ese Plan de Flexibilidad. No nos sorprende que los principios en que se sostiene el acuerdo del Departamento de Educación con el Gobierno Federal para el mejoramiento escolar son en esencia los establecidos en la Ley 149, pues los federales exigen que toda acción correctiva tiene que estar de acuerdo con las leyes estatales. A propósito de esto nuestra Organización le expresó al Secretario de Educación que aprovechara esta oportunidad para cumplir con la Ley 149 y viabilizar la autonomía escolar.
Si estos principios autonómicos son el fundamento para el mejoramiento escolar ¿Por qué se quiere hacer creer que es por mandato federal lo cual no es cierto y no por las estipulaciones de la Ley Orgánica del Departamento de Educación? La contestación es obvia, reconocer esta premisa es confesar claramente el incumplimiento de esta Ley. Pretenden encubrir esta realidad exponiendo como bondades del Plan de Flexibilidad el brindarle a las Escuelas de la Comunidad lo que legalmente le corresponde “AUTONOMÌA”.
El problema que limita a este supuesto Plan de Flexibilidad es que lo que se pretende no se puede implantar utilizando la misma estructura operacional ilegal, centralizada y burocrática que han mantenido utilizando por conveniencia y que no es a fin ni permite una verdadera autonomía. Ante este hecho y luego de finalizado el tiempo del acuerdo, vaticino el fracaso del Plan de Flexibilidad y la opción que considerará el estado para encubrir su irresponsabilidad y acceder a los fondos federales será la privatización del 15% de las escuelas del Sistema Educativo mediante las Escuelas “Chárter” que es la última acción correctiva injusta que les queda .
Para finalizar pregunto, ¿Podemos incluir a la administración actual del DE como parte de las múltiples administraciones gubernamentales cuyas determinaciones desacertadas, políticas públicas desenfocadas y mala utilización de los recursos disponibles ha desembocado en la crisis que hoy enfrentamos? Si la respuesta esno este proyecto se hace académico. Si la respuesta es sí bastaría con exigirle cuentas al Secretario de Educación para que cumpla con su ley magna y comience a hacer lo que se debió haber hecho.
Por lo antes expuesto La Organización Nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico entiende que el proyecto es completamente innecesario
Jorge L. Soto Díaz, Presidente ONDEPR
